En la era digital actual, los datos de salud son cada vez más codiciados, y contar con normas jurídicas que los protejan no es suficiente para evitar su uso indebido, imprudente o improcedente. La ruptura de la confidencialidad o la intrusión, y el acceso irrestricto a datos personales y sensibles constituye un desafío para los países de América Latina y el Caribe. Esto se debe a la coexistencia de actores sociales diversos, marcos normativos inespecíficos, gestión de datos orientadas a aminorar los riesgos informáticos, desigualdades en el acceso y brechas tecnológico-financieras, susceptibles de ser analizadas desde la gobernanza. Estas evidencian una vez más la imposibilidad de la Región para lograr una distribución equitativa de los recursos necesarios para implementar políticas que garanticen el respeto de los derechos humanos. Resulta imperioso, entonces, armonizar los objetivos de desarrollo con las iniciativas destinadas a proteger la confidencialidad y la fuga de datos, a fin de mejorar no solo la reputación, la credibilidad y la confianza en las instituciones, sino también la sostenibilidad de los sistemas enfocada en el ser humano en lugar de en los datos.