Liderazgo, determinantes sociales de la salud y equidad en la salud: el caso de Costa Rica*

Costa Rica es un país de especial interés en la Región de las Américas y en la salud mundial debido a su buena salud. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo clasifica a los países según su nivel de desarrollo humano con base en la esperanza de vida, la educación y el ingreso nacional. Aunque Costa Rica está clasificada en el puesto 63 y dentro del grupo “alto”, en términos de salud pertenece al grupo “muy alto”. En el 2018, la esperanza de vida media de los países del grupo “muy alto” era de 79,5 años, mientras que en Costa Rica era de 80. En el 2018, la mortalidad en menores de 5 años era de 8,8/1000 nacidos vivos, inferior a la de los países clasificados en el grupo de desarrollo humano “muy alto”. Los años de escolaridad previstos en Costa Rica ascienden a 15,4; más cercanos al promedio de 16,4 años del grupo de desarrollo humano “muy alto” que el promedio del grupo “alto”. El país es mucho más saludable de lo que podría predecirse por su ingreso nacional; más bien, es probable que otras características del desarrollo de la sociedad hayan desempeñado un papel fundamental en el desarrollo de la buena salud. Entre ellas figuran:
a) la decisión de dejar de invertir en la defensa nacional, que liberó dinero para invertir en la salud, la educación y el bienestar de la población; b) la decisión de crear un sistema de salud universal financiado por el Estado, los empleadores y los trabajadores en el decenio de 1940; y c) el sistema educativo, que generó oportunidades para sacar de la pobreza a importantes sectores de la población, permitiéndoles disponer de condiciones sanitarias básicas que aumentan sus posibilidades de vivir más y mejor. A pesar de estos avances, persisten desigualdades en términos de ingresos y condiciones sociales, lo que plantea desafíos en el ámbito de la salud, en particular para los grupos de menores ingresos y los afrodescendientes e indígenas. Estas desigualdades deben abordarse mediante decisiones basadas en pruebas científicas, un mayor uso de datos desglosados que revelen los progresos realizados para hacer frente a esas desigualdades, y una mayor articulación del sector de la salud con las políticas que actúan sobre los determinantes sociales de la salud.